Por Carlos Hernández Echevarría | 22 de abril, 2024
En las elecciones federales (a la Presidencia y Vicepresidencia, al Congreso y al Senado) sólo pueden votar las personas que tengan la ciudadanía estadounidense, como te explicamos en esta nota de Factchequeado. Cualquier otra persona, incluso si es residente legal con una green card, tiene prohibido votar y, si lo hace, puede recibir multas, ir a prisión y ser expulsada a su país de origen.
Según el Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado, los casos de migrantes que votan ilegalmente a pesar de no tener la ciudadanía son “increíblemente inusuales” en los Estados Unidos. Después de varios años recopilando estudios académicos e investigaciones oficiales, el número de casos que han podido confirmar es muy bajo. En Nuevo México, por ejemplo, el estado con mayor porcentaje de votantes latinos del país, una investigación en 2011 halló indicios contra 9 votantes de un total de 1,2 millones: un 0.0075% de engaño.
Las autoridades de cada estado son las encargadas de comprobar que nadie que no tenga la ciudadanía pueda votar. Según la Ley Nacional de Registro de Votantes, para registrarse para votar una persona tiene que declarar bajo pena de perjurio que es estadounidense. Podemos ver el ejemplo del formulario que hay que rellenar en California, el estado con mayor número total de votantes latinos.
Pero, ¿cómo puede el estado detectar si alguien miente cuando dice que es ciudadano? Según el Bipartisan Policy Center, una organización sin ánimo de lucro, la mayoría de los estados comparan la información que ha proporcionado la persona al registrarse con los datos que figuran en bases de datos federales como las de la Social Security Administration. Además, muchos estados hacen comprobaciones adicionales
Arizona, Georgia o Texas contrastan la información con otros registros oficiales, como el listado de las personas que declararon que no tenían la ciudadanía para no tener que servir como jurados en juicios, según la información oficial que recoge la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL). Otros utilizan otros procesos, como Pennsylvania, que usa los datos de las licencias de conducir, o como Oregon, que exige a quien quiera registrarse la documentación que acredite que esa persona tiene la ciudadanía.
Un no ciudadano que vota en las elecciones federales puede ir a la cárcel y ser deportado
La ley federal castiga a cualquier extranjero que vote en unas elecciones federales con hasta 1 año de prisión y una multa. Además, esa persona estaría cometiendo también un delito de perjurio ya que la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 especifica que para registrarse para votar en las elecciones hace falta declarar bajo juramento que uno tiene la ciudadanía. El perjurio puede añadir una condena de cárcel de hasta 5 años.
Para un migrante que sea residente permanente con una green card, las consecuencias pueden ir todavía más allá. En 2015 las cortes de inmigración declararon que se podía deportar a un no ciudadano por votar en una elección federal. El caso más conocido es el de la ciudadana peruana Margarita del Pilar Fitzpatrick, que se registró para votar por error y fue expulsada del país en el que llevaba 15 años viviendo y donde “dejó” a sus 3 hijas estadounidenses.
¿Pueden los no ciudadanos votar en algunas elecciones que no sean federales?
La mencionada Ley Nacional de Registro de Votantes sólo aplica a las elecciones federales, así que varios estados sí permiten a los no ciudadanos votar en algunas elecciones locales y municipales. Según Ballotpedia, una organización sin ánimo de lucro para la difusión de información sobre elecciones, los residentes del Distrito de Columbia y de varias ciudades de California, Maryland y Vermont pueden votar en algunas elecciones locales aunque no tengan la ciudadanía.
La ciudad de San Francisco, por ejemplo, permite a los padres de los alumnos de las escuelas participar en las elecciones a los consejos escolares aunque no sean ciudadanos. La llamada “proposición N” fue aprobada por los votantes de la ciudad en referéndum y denunciada como inconstitucional por algunos de los que estaban en contra, pero una corte de California declaró en 2023 que la medida se ajustaba a la Constitución del estado.
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